La ex ministro de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour, junto al ex secretario de Pesca, Héctor Rojas, quedaron a un paso de ir a juicio oral por «abuso de autoridad».
La disposición es por el otorgamiento de permisos de pesca a buques con mayor capacidad de bodega de la permitida. Además, la medida también alcanza al ex asesor legal, Pablo García.
Tras la presentación de los fiscales Daniel Báez y Jorge Bugueño, realizada el pasado miércoles en los Tribunales de Rawson, el juez César Zarategui deberá resolver si corresponde elevar la causa a juicio oral.
El caso investiga el reemplazo del buque San Ignacio por el Sofía B, donde el barco beneficiado tiene una capacidad de bodega cuatro veces mayor que le permite pescar aproximadamente 10 mil kilos de langostino más por salida.
La disposición tomada por el Gobierno de la Provincia va en contra -según indican los fiscales en su acusación- de la Ley Provincial IX – N° 75 que puntualmente indica que «el reemplazo de buques solo será admitido a otra unidad de capacidad de bodega menor o equivalente a la embarcación sustituida (…)».
Desde el Ministerio Público Fiscal se afirma que desde el organismo provincial «se ha autorizado al nuevo Buque a obtener una cantidad sideral de cajones mayor a la permitida, contrariando lo dispuesto por la Ley Provincial de Pesca, y como consecuencia de ello afectando el recurso que la misma normativa protege».
Los fiscales indicaron que se «ha posibilitado al barco Sofía «B» la obtención de diez mil kilos de langostino de más por salida de los que el permiso originario permitía».
El delito de «abuso de autoridad» está previsto y reprimido por los artículos 248 y 45 del Código Penal, según informó Diario El Chubut.
Cabe recordar que sobre la ex ministra Dufour pesan otras dos causas judiciales. En febrero irá a juicio oral acusada de «administración fraudulenta» por la destrucción de los barcos de Alpesca, que se encuentran varados en la costa de Puerto Madryn. También está imputada por el crédito que el Gobierno le otorgó a través de CORFO al empresario Omar «Cura» Segundo, y por el cual días pasados el ex gobernador Martín Buzzi fue procesado por «administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad».
