La nueva Ley de Fomento a las Energías Renovables fue aprobada ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, con 178 votos a favor, 8 en contra y 4 abstenciones, luego de haber tenido a finales del año pasado el aval del Senado, desde donde surgió el proyecto por iniciativa del legislador chubutense Marcelo Guinle.
La norma modificará a la Ley 26.190, sancionada en 2006, que preveía alcanzar la meta del 8% de la demanda nacional de energía eléctrica generada a través de fuentes renovables para el año que viene. Esta, en cambio, extiende ese plazo por un año más, aunque promueve estirar ese objetivo hasta el 20% para 2025. Como primer paso, establece que para 2017 al menos un 8% de la demanda de energía deberá ser cubierta con fuentes alternativas de generación.
La concreción de la Ley, aun con la promesa incorporada de recibir diferentes exenciones y beneficios impositivos en caso de cumplir con el propósito planteado, genera incertidumbre y preocupación en las empresas por algunos puntos específicos. Por ejemplo, la puesta en marcha de proyectos de energía eólica, solar, geotérmica o de minicentrales hidroeléctricas demandará una inversión de entre US$ 2 y 3 millones por megawatt (Mw) instalado; es decir, para incorporar una potencial ‘verde’ de 2000 Mw, el equivalente al 8% del consumo de energía, se precisarán desembolsos de entre US$ 4000 y US$ 6000 millones dentro de los próximos dos años. La meta parece utópica teniendo en cuenta que los proyectos deben ser nuevos y que el sector de energías renovables consiguió en la última década inversiones por apenas US$ 250 millones.
Las penalidades previstas en el texto pergeñado por el senador Guinle también preocupan a los industriales, que explican que no pueden realizar contrataciones si todavía no están activos los proyectos. Las multas para quienes no cumplan con el objetivo de contratar un 8% de su demanda con fuentes alternativas de generación ascienden a US$ 200 por cada MWh excedido. El impacto de una sanción, trasladado a grandes cantidad de energía que consumen las industrias electrointensivas, sería sideral.
Según un estudio realizado por la consultora KPMG en marzo de este año, apenas el 2% de la energía eléctrica del país proviene de fuentes renovables, por lo cual alcanzar el 8% en 2017 parece complejo. Según ese relevamiento, realizado a empresarios del sector, el 41% de los consultados creen que las mayores posibilidades de desarrollo pasan por la energía eólica. Le siguen la hidráulica y los biocombustibles, con 18%; la solar, con 12%; la de biomasa, 9%, y geotérmicos, 3%, según informó El Inversor Online.
Guinle, el autor del proyecto, sostuvo que uno de sus objetivos centrales “es disminuir necesidad de importar hidrocarburos para la generación de energía eléctrica”.
