En una sesión especial solicitada por bloques opositores, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa busca garantizar recursos para el sistema de educación superior pública y ahora deberá ser tratada en el Senado.
El resultado marcó un revés legislativo para el gobierno de Javier Milei, ya que los votos negativos provinieron en su mayoría de diputados de La Libertad Avanza y del PRO. La media sanción fue respaldada por bloques como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Por Santa Cruz, que impulsan una agenda que podría provocar nuevos vetos presidenciales.
Una sesión clave con múltiples temas en debate
La discusión del presupuesto universitario no es el único punto en el temario. Durante la jornada también se van a tratar proyectos vinculados a la situación del Hospital Garrahan, iniciativas impulsadas por gobernadores provinciales, y otras propuestas relacionadas con salud, ciencia y presupuesto.
Entre los temas abordados figuraron la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente, la emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas, y modificaciones a la ley permanente de presupuesto.
Además, se discutirán varios decretos de necesidad y urgencia y de facultades delegadas firmados por el Poder Ejecutivo, como los que disponen la transformación o disolución de organismos públicos, entre ellos el Banco Nacional de Datos Genéticos y dependencias de los ministerios de Economía y Cultura.
Ausencia del debate sobre los vetos presidenciales
Aunque se debaten numerosos proyectos, la sesión no incluyó el tratamiento de los vetos presidenciales anunciados la semana pasada por Javier Milei y oficializados este lunes. Entre ellos se encuentran el veto a la ley que proponía aumentos para jubilados, la moratoria previsional y la emergencia para personas con discapacidad.
La oposición busca insistir en proyectos que fueron rechazados por el Ejecutivo y continúa impulsando iniciativas de interés social que podrían sumar respaldo mayoritario en ambas cámaras. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de aplicar nuevos vetos, incluso en leyes que cuenten con fuerte consenso parlamentario.
