Más de 50 mil millones de pesos actuales desaparecieron entre 2017 y 2019 del presupuesto de Vialidad Nacional, dinero que debía destinarse a obras de seguridad vial en rutas estratégicas del país. Sin embargo, ninguna de las obras fue realizada. La causa judicial, iniciada por una denuncia del diputado Rodolfo Tailhade, permanece congelada desde hace cuatro años en manos del juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que instruyeron causas contra Cristina Kirchner por corrupción.
“La plata se giró, pero no se sabe a dónde fue”, afirmó Luis Goldín, exdirector jurídico de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien elaboró un informe oficial que documenta la inexistencia total de las obras.
Los fondos, $1314 millones de la época (unos USD 50 millones), fueron transferidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a Vialidad Nacional tras la firma de un convenio entre ambos organismos. El dinero debía usarse en la instalación de elementos como tachas reflectivas, líneas vibrosonoras, señalización LED y cartelería inteligente en las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34.
No solo no se colocó nada, sino que las pocas instalaciones halladas eran defectuosas: carteles mal puestos, demarcaciones incorrectas y señalética inutilizada. Según una auditoría de la Asociación Argentina de Carreteras, encargada por Seguridad Vial, ninguna obra fue ejecutada.
Las sospechas apuntan a que los fondos terminaron en la campaña política de Javier Iguacel en Capitán Sarmiento. Iguacel, por entonces funcionario clave del macrismo (exdirector de Vialidad y luego ministro de Energía), habría contado con esos recursos para financiar su candidatura a intendente. También fue denunciado el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, quien autorizó los giros millonarios.
El escándalo tiene un ingrediente político aún más polémico: Ercolini y Pollicita, quienes no impulsaron la causa, son los mismos que llevaron adelante la llamada “causa Vialidad” contra Cristina Kirchner, iniciada por el propio Iguacel.
Mientras Dietrich se retiró de la escena política y reparte su tiempo entre Punta del Este y Arelauquen, Iguacel se convirtió en empresario petrolero. Según reveló LPO, el exfuncionario habría montado una estructura para quedarse con activos de YPF y prepara un “carry trade” financiero que podría reportarle ganancias cercanas a los 100 millones de dólares anuales, con una inversión mínima.
La falta de avances judiciales refuerza las acusaciones de doble vara y encubrimiento en los tribunales federales. Desde sectores del peronismo reclaman que se reactive la causa y se investigue el verdadero destino de los fondos públicos.
