El abogado Fernando Sicilia, representante de un grupo de familias afectadas por el derrumbe en el Cerro Hermitte, confirmó que el pasado 29 de enero se presentó una denuncia penal contra la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por presuntas responsabilidades en el crecimiento urbano del barrio Sismográfica y sectores aledaños, en una zona que —según sostienen— ya estaba identificada como de riesgo.
Según explicó el letrado, la denuncia no apunta únicamente a la actual gestión municipal, sino también a administraciones anteriores que, de acuerdo a la presentación judicial, permitieron y reconocieron asentamientos en un área donde existían informes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del suelo y el peligro de derrumbe.
“Ya en 1992 había resoluciones que advertían que no se podía construir en el lugar. Sin embargo, no solo se reconoció a los ocupantes como habitantes legales, sino que se les cobró tributos y se permitió que el barrio siguiera creciendo”, afirmó Sicilia.
De acuerdo a lo expuesto, en un primer momento se habría establecido un límite de 84 ocupantes para evitar incidentes, pero con el paso de los años el sector se expandió hasta alcanzar cerca de 300 personas. Además, indicó que se otorgaron servicios como luz y gas, se asfaltaron calles y se habilitaron nuevas construcciones.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es un informe técnico elaborado en 2002 por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), contratado —según detalló— por la propia Municipalidad. Ese estudio habría recomendado no continuar con edificaciones en la zona y monitorear las construcciones ya existentes, medidas que, según el abogado, no se implementaron.
En la presentación judicial, las familias solicitaron diversas medidas de prueba, entre ellas el allanamiento del municipio para secuestrar documentación vinculada a permisos de construcción, así como la citación de geólogos y profesionales que intervinieron en el informe original. También pidieron que se incorpore el documento técnico completo a la causa.
Sicilia señaló que esperan que el fiscal solicite al juez que se los admita como querellantes para poder impulsar la investigación y avanzar en eventuales imputaciones. “Acá la gente perdió absolutamente todo. Esto no fue un hecho imprevisible: era un riesgo conocido”, sostuvo.
El abogado consideró que deberían investigarse responsabilidades penales no solo de los intendentes que estuvieron al frente del Ejecutivo municipal, sino también de funcionarios y equipos técnicos encargados del control y la planificación urbana. En paralelo, anticipó que se iniciarán reclamos administrativos y acciones por indemnización.
El derrumbe, que afectó viviendas del barrio Sismográfica y generó graves daños estructurales, no dejó víctimas fatales. “Fue un milagro”, expresó el letrado, quien relató que, según testimonios de vecinos, el cerro se fue desprendiendo de manera progresiva, lo que permitió a muchas familias evacuar a tiempo. Sin embargo, varios damnificados aseguran que aún no pueden ingresar libremente a sus casas para retirar pertenencias.
Mientras tanto, los vecinos se encuentran a la espera de respuestas oficiales. Algunos reclaman definiciones sobre subsidios, reubicaciones o reconstrucción de viviendas, mientras otros analizan distintas acciones políticas y judiciales.
