La edil del Modelo Chubut pidió pericias caligráficas y sugirió que la fiscalía investigue a fondo la operación inmobiliaria que se sustentó en una asamblea con firmas apócrifas.
Viviana Almirón pidió ayer al Ministerio Público que investigue a fondo la decisión del SUPeH de vender parcialmente al municipio de Comodoro Rivadavia el edificio histórico que tiene en Kilómetro 3. Pidió la citación de los asambleístas cuya firma aparece en el acta, pero que aseguraron no haber estado en la reunión que autorizó la operación, consignó hoy el diario Patagónico.
También solicita la realización de pericias caligráficas del resto de los firmantes, y la comparecencia del titular del sindicato y ex presidente de la Agencia Municipal Comodoro Deportes, Mario Lastra. Si se comprueba el delito, el responsable de la falsificación y venta-compra irregular puede recibir de seis meses a seis años de prisión.
La concejal presentó la denuncia antes del mediodía de ayer, básicamente a partir de las publicaciones de este diario que motivaron que el intendente Néstor Di Pierro vetara el 21 de mayo la ordenanza (11.002/13) que la totalidad del Concejo había aprobado el jueves 16 de mayo, es decir sólo cinco días antes.
En la recorrida en la fiscalía, Diario Patagónico, constató la presentación de Almirón y pudo acceder parcialmente a la misma que incluyó la calificación del supuesto delito cometido, que inicialmente se sugiere que pudo haber sido falsificación de instrumento privado, aunque esto puede agravarse porque el mismo luego se transformó en documento público.
Investigación
Almirón solicitó a la Justicia que ésta requiera al gremio la entrega de toda la información y documentación correspondiente, y también sugirió la realización de una pericia caligráfica sobre los supuestos presentes y firmantes del acta de la asamblea que, el domingo 23 de diciembre autorizaron la venta.
La realización de la asamblea fue puesta en duda ante este diario por los testimonios que realizó primero Julia Nelly Olivera y luego Güerino Giacoponi, dos de los dieciocho asambleístas que, según el acta, participaron de la asamblea. Ambos sostuvieron que no participaron de la misma y denunciaron falsificación de sus firmas.
Tras esas publicaciones, posteriores a la aprobación de la ordenanza, el intendente Di Pierro resolvió vetar la normativa y dejar la compra en suspenso hasta que el gremio aclare lo sucedido y normalice el procedimiento y autorización de venta.
En la presentación ante la fiscalía, tomando como punto de partida los testimonios e investigación periodística, la concejal calificó preventivamente el delito como falsificación y sugiere que se le pida al municipio la copia del expediente y al gremio la totalidad de información, entre ellas el acta de venta, y los domicilios de los firmantes.
En el caso de que la Justicia avance en la investigación y compruebe la acusación, el delito de falsificación prevé prisión de seis meses a tres años, en tanto que la venta y/o compra de bienes (sabiendo que los mismos tienen su origen en una actividad delictiva), están penados por prisión de seis meses a seis años.
Como prueba concluyente para certificar los testimonios de Giacoponi y Olivera, la concejal advierte que es necesario que la justicia realice pericias caligráficas sobre esas firmas pero también de los otros teóricos firmantes.
