Las medidas judiciales incluyeron el secuestro de los teléfonos celulares de Gonzalo Carpintero y un intermediario, pasando ambos a calidad de imputados bajo posible cohecho o coacción.
Gamarra enfatizó la gravedad institucional del hecho, mientras aclaró que el señor Cereceto está totalmente desvinculado de la causa. La investigación se encuentra ahora en la etapa de análisis de la evidencia digital recopilada.
En declaraciones a Radio Chubut, la Dra. Gamarra brindó detalles cruciales sobre una investigación en curso que apunta a un intento coordinado para interrumpir el inicio del ciclo lectivo en la provincia, confirmando la existencia de una reunión y las medidas judiciales adoptadas.
El objetivo central del accionar investigado era claro y de alto impacto institucional: «lo que quería era que generara un reclamo, o a palabras más utilizadas por él, que genere un quilombo suficiente que impidiera el inicio de las clases».
Gamarra subrayó la gravedad del ataque, señalando que no fue contra cualquier persona, sino contra «la persona que claramente tiene la capacidad suficiente para que las clases en la provincia no empiecen», apuntando también a «generarle un daño suficiente al gobernador de la provincia».
Medidas judiciales y calificación penal
La Fiscal confirmó que la reunión que originó la investigación efectivamente existió. Como resultado, se ordenaron procedimientos específicos: «decidimos solicitar allanamientos y secuestrar el teléfono de Gonzalo Carpintero y el de otra persona que era de interés para la investigación», siendo esta última quien habría actuado como intermediaria en la coordinación del encuentro.
Respecto a la figura penal bajo análisis, Gamarra mencionó dos posibles calificaciones:
* Cohecho: «Podría tratarse de cohecho, que es cuando uno pretende que otra persona haga algo a cambio de un resarcimiento económico».
* Coacción: «También tenemos la posibilidad de alguna coacción, que es obligar a alguien a hacer o no hacer algo bajo la posibilidad de que le pasara algo malo».
En cuanto a la situación procesal de los involucrados, la Fiscal aclaró que, tras el secuestro de sus dispositivos, «desde el momento en que se hace cualquier actuación judicial en contra de alguien, en este caso un allanamiento o un secuestro, pasa a la calidad de imputado».
Aclaración importante y próximos pasos
El Fiscal Gamarra dedicó un tramo de su alocución a deslindar responsabilidades ajenas al caso: «el señor Cereceto no está involucrado en esto, no tiene absolutamente nada que ver, no está siendo investigado y los allanamientos no fueron dirigidos a él».
El trabajo judicial ahora se centra en el análisis forense de la evidencia digital recolectada: «Ahora nos queda trabajar sobre los teléfonos celulares y avanzar conforme a la evidencia que recolectemos».
