El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dio a conocer el veredicto en una causa por crímenes de lesa humanidad, en la que se investigaron allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos cometidos durante el terrorismo de Estado.
El tribunal estuvo presidido por la jueza Ana María D’Alessio, con la participación de los vocales Enrique Baroneto y Alejandro Cabral mientras que el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal Teodoro Nürnberg.
En primer término, el tribunal declaró que los hechos juzgados constituyen crímenes de lesa humanidad, en los términos del derecho internacional, citando resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, el Estatuto de Roma y el artículo 118 de la Constitución Nacional.
En ese marco, el TOF rechazó el planteo de prescripción de la acción penal formulado por las defensas, al considerar que se trata de delitos imprescriptibles.
El tribunal condenó a Mario Enrique Pérez a la pena de siete años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorios legales y costas, al hallarlo autor de allanamientos ilegales; privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por severidades, vejaciones y tormentos.
Los hechos afectaron, entre otras víctimas, a Eloíso Quintero, Jorge Morgavi, Valentín Casas, Héctor Bautista Quintero, Raúl Gallardo, Luis Noya y César Roberto Vivar.
También fue condenado Francisco Olegario Sevilla a seis años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y costas, como partícipe necesario en delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por vejaciones y tormentos.
Por su parte, Raúl Pantaleón Cruz recibió una pena de once años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y costas, como partícipe necesario de quince hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por tormentos, cometidos contra múltiples víctimas.
El tribunal condenó a Alfredo Pablo Licey, a tres años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para ejercer funciones públicas, por privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por violencia y a Eduardo Alberto Rodríguez, a tres años y seis meses de prisión, como partícipe secundario de dos hechos de privación ilegítima de la libertad.
El tribunal dispuso la absolución de varios imputados por falta de acusación fiscal o insuficiencia probatoria, entre ellos Alfredo Biselli; Rafael Manuelides y Fernando Julio Pedernera. En todos los casos, se ordenó el cese de cualquier restricción que pesara sobre ellos.
Además el TOF impuso a los condenados la obligación de mantener domicilio actualizado, informar cualquier cambio y presentarse ante cada requerimiento judicial como también levantar las restricciones sobre bienes inmuebles vinculados a la causa, manteniendo su preservación como sitios de memoria.
Finalmente se convocó a las partes para la lectura de los fundamentos de la sentencia, que se realizará el 13 de febrero de 2026, a las 13 horas, en la sede del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
