El presidente de la Convención de la UCR, Raúl Barneche coincidió con el ex Procurador General de la Provincia, Eduardo Samamé, en que aquellos que han apoyado y firmado el contrato con la operadora, no lo han hecho por razones políticas o partidarias, ya que el radicalismo -afirmó- tuvo otra posición, pero los diputados de ese entonces levantaron la mano, “así que tendrán que rendir cuentas a quién corresponda y ante quién se los solicite”.
Rawson (Corresponsal).- Barneche dijo que observa con beneplácito la constitución de una comisión en la Legislatura para controlar el convenio con PAE, “porque ha sido lesivo a los intereses de la provincia, un contrato debe tener resortes y cláusulas gatillo que no le permitan llegar a estas situaciones a límites que terminan perjudicando a los chubutenses. Por lo tanto, es imprescindible que se revise el contrato y los próximos que se hagan, deberán tener en cuenta los aspectos de relación trabajo-capital”.
El dirigente no duda que el conflicto con los ‘Dragones’ es consecuencia directa de la improvisación cuando se firmó el contrato con PAE, “a nadie le entregan por 40 años un recurso natural para que hagan lo que quieran, aquí deberíamos tener todos los resortes legislativos y legales para hacer valer nuestra posición y transformar a las empresas en simples operadoras que saquen el recurso, lo pongan a disposición para su comercialización y que sea la provincia la que lo venda al mejor postor, porque las PyMEs de capitales regionales no pueden estar supeditadas a los caprichos de dos o tres dirigentes de una empresa que ni si quiera son argentinos”.
Para Barneche, el Estado todo lo puede y, si quiere cambiar la modalidad del contrato, lo puede hacer “porque aquí necesitamos desarrollar una política pública clara proyectada en el tiempo y para eso es necesario tener niveles de consenso importantes, no sólo de los que conviven en la Legislatura sino de los sectores sociales y económicos que son afectados directa o indirectamente por este tipo de contratos”.
Minería
El referente radical, geólogo de profesión, indicó que es el pueblo de Chubut es el que debe decidir si quiere la minería como un elemento de desarrollo o como un factor de extracción, y si se está dispuesto a sacrificar la mitad del territorio en aras del bienestar de los que viven en la costa o en la cordillera, “esta es una decisión que debe tomar la gente”.
Asimismo, el otrora candidato a la gobernación provincial por el centenario partido, adujo que si los chubutenses deciden que es un buen medio para vivir, “hay que empezar a modificar el entramado jurídico que impide la concreción del marco regulatorio que propuso el Gobernador, porque son simples expresiones de deseo que no se podrán concretar mientras exista el código minero y las leyes de los ‘90 que ‘encorsetan’ cualquier decisión de soberanía sobre nuestros recursos”.
