La industria petrolera de Mendoza pasa por un grave momento con la denuncia del sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Cuyo a la compañía San Antonio, que desafió los acuerdos establecidos sobre el personal en condición stand by y anunció el envío masivo de telegramas de despidos en todo el territorio mendocino (estiman que afectaría a unos 300 trabajadores), a la inacción de YPF en la activación de áreas maduras y a un gobierno que hace silencio.
La promesa de YPF de transferir áreas maduras a nuevas operadoras parece haberse esfumado. A menos de un mes para el cierre del acuerdo de stand by, firmado el 27 de diciembre de 2024, el sindicato mencionado manifestó su profunda preocupación por la demora en la transferencia de estos yacimientos.
Y ese descontento a la inacción por parte de YPF, se suma a la actitud de la empresa San Antonio, que pone en jaque la estabilidad laboral y económica de la región.
Pero el problema no solo empresarial, dado que serían aproximadamente 6.000 puestos de trabajo los que están en riesgo (según el sindicato) por la falta de decisiones claras sobre la transferencia de áreas maduras. Estas áreas, que deberían haber sido entregadas a operadoras como Petróleo Sudamericana para su reactivación, permanecen en el limbo, dejando a los trabajadores sin certezas sobre lo que ocurrirá.
«Seguimos sin recibir novedades sobre el traspaso de las áreas maduras«, afirmó el secretario general del sindicato, Julián Matamala ante la inacción de YPF.
El secretario general del sindicato, Julián Matamala, expresó que «el problema no es técnico, es de voluntad política y de gestión. Tenemos trabajadores capacitados y tecnología disponible para reactivar estas áreas, pero la burocracia y la falta de decisiones están frenando todo«.
Apuntan al Gobierno provincial y las autoridades de YPF
Por eso, le exigen tanto al gobierno provincial como a las autoridades de YPF que tomen medidas concretas. Según manifiestan, la reactivación de las áreas maduras no es solo una cuestión de productividad, sino de responsabilidad social y económica hacia una región que históricamente se ha basado en el petróleo
«La situación de San Antonio se trata de una conducta incompatible con el sector petrolero provincial, pero también refleja una alarmante falta de respeto hacia la mano de obra de la industria y hacia los trabajadores que dependen de ella, entiende el sindicato», aseveró.
«Después del apoyo fundamental que brindó esta institución durante la crisis global causada por la pandemia, y de haber logrado reactivar el 100% de su actividad, ahora enfrentamos esta nueva amenaza. Si esta empresa persiste con estos anuncios perjudiciales, tomaremos las medidas necesarias para impedir que continúe operando en nuestro territorio provincial«, sostuvo el dirigente sindical.
