Juan José Aranguren, el referente en materia de energía de Cambiemos, se reunió la semana pasada con los dueños de las empresas de distribución eléctrica para empezar a definir un esquema de prioridades para el sector en caso de que Mauricio Macri se imponga en el ballotage del próximo domingo.
Del cónclave realizado en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad participaron Alejandro Macfarlane, titular de Edelap, que presta servicio en La Plata y alrededores; el ex funcionario menemista José Luis Manzano, propietario de Edemsa (Mendoza) en asociación con Daniel Vila; Rogelio Pagano, de Edesa (Salta), ex socio de Marcelo Mindlin en Pampa Energía; y representantes de las compañías eléctricas de San Luis y Río Negro, entre otras. No participaron directivos de Edenor y Edesur, las dos mayores distribuidoras del país -concentran casi un 40% del mercado-, las únicas dos empresas del sector que siguen bajo la órbita de Nación.
La novedad, en lo político, fue la presencia de Francisco ‘Pancho’ Cabrera, uno de los hombres de confianza de Macri en la mesa chica del PRO. Ingeniero eléctrico de profesión (se recibió en la Universidad de Cuyo en su Mendoza natal), Cabrera es ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires. Además, preside la Fundación Pensar, think tank de políticas públicas del macrismo, e integra el grupo de 30 funcionarios del PRO que articularán la gestión pública entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires –y la Nación en caso de que Cambiemos se imponga el domingo- con línea directa con Macri.
Los propietarios de las distribuidoras eléctricas mostraron su preocupación por la endeble situación económica-financiera de sus empresas. De hecho, la mayoría de las compañías dejaron de pagar –parcial o totalmente- la energía que compra a Cammesa, la administradora del mercado mayorista, porque lo que recaudan vía tarifas no alcanza a cubrir los costos de operación.
Los privados cuestionaron el esquema de convergencia tarifaria impulsado por el Gobierno en los últimos dos años, que impide a las distribuidoras provinciales negociar aumentos tarifarios como cada gobernación –como sucedió hasta 2012- a fin de actualizar sus ingresos al ritmo de la inflación. Con un acuerdo firmado por primera vez en 2013, la Casa Rosado frenó nuevos aumentos y, a cambio, se comprometió a financiar con fondos propias obras públicas definidas con cada gobernador. Eso dejó expuestas a las distribuidoras privadas, dado que su flujo de caja se redujo de forma significativa en los últimos años, según informó El Inversor Online.
