Por unanimidad de votos del cuerpo, el Concejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó la continuidad por seis meses del contrato por la concesión del suministro de electricidad, agua y servicios cloacales, con la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.
De tal modo se avaló la solicitud del Ejecutivo para que hasta el 30 de Noviembre venidero se reconduzcan los detalles de esa contratación, en la intención de corregir los efectos perniciosos de un acuerdo firmado hace 30 años y que precisamente vence este 31 de mayo.
El intendente con el pedido de diferimiento del contrato original por seis meses, adjuntó un convenio firmado con las nuevas autoridades de la SCPL, acordando la revisión integral durante este lapso de las condiciones técnicas y económicas en que se podrá reformular la nueva licitación para la concesión de rubros tan prioritarios para el desenvolvimiento general de la ciudad.
Debate
Durante el debate, el titular de la bancada de la Unión Cívica Radical, concejal José Gaspar, revisó puntualmente algunos aspectos que consideró graves en cuanto a las anormalidades detectadas por la auditoría. Informó, como uno de los puntos más inconvenientes, el hecho que los habitantes de Comodoro Rivadavia están absorbiendo como usuarios de esta SCPL, la parte de la provisión del agua potable que se deriva desde el acueducto Musters-Comodoro Rivadavia, para su distribución domiciliaria a habitantes de Caleta Olivia, en la vecina provincia de Santa Cruz.
Por su parte el concejal Juan Pablo Luque, titular del bloque del Frente para la Victoria, destacando el pormenorizado detalle realizado por su par del radicalismo, propuso en una de sus intervenciones en el debate la derogación directa de la Ordenanza 8523 del año 2.005. Dicha norma estableció en su artículo quinto la contratación permanente de una auditoría externa para la instrumentación de análisis de costos; contratación de 197.000 pesos mensuales que recayó en una consultoría de identidad poco clara y que contratada en el norte del país, lleva percibidos más de cuatro millones de pesos por sus servicios.
Al hacer uso de la palabra la edil Viviana Navarro (FPV) hizo una encendida reivindicación de los trabajadores de la Cooperativa, y reclamó un sitio en el consejo de administración de la SCPL para un empleado de base y otro directivo del propio organismo, como voceros de los trabajadores directos de la entidad.
Sobre el final del debate el edil radical Pablo Martínez expresó su profunda preocupación por el informe de la auditoria; no sólo por falta de control interno en los procesos administrativos sino por la «generación de balances falsos con complicidad de delgados y las sindicaturas», afirmó.
