Por cada habitante de la Argentina que tiene 65 años o más, hay aproximadamente cinco que están en edad laboralmente activa, contando a quienes trabajan y aportan y también a informales, inactivos y desocupados. En 2050, se proyecta, esa relación será de uno a tres, según consigna un informe recientemente publicado por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación.
¿Queda muy lejos 2050? Depende de qué se busque analizar. Dentro de un cuarto de siglo, muchos de los actuales trabajadores estarán jubilados o en edad de jubilarse. Y el pago de las prestaciones afrontará un desafío mayor que el actual, por razones como el aumento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de natalidad, que pasó de 18 nacidos cada 1000 habitantes en 2013 a 11 cada 1000 en 2023 (era de 25 a fines de los años 70), según la estadística publicada por el Banco Mundial.
Esa realidad desafía al “pacto intergeneracional” histórico de los regímenes de reparto, más allá de que el financiamiento presente y futuro de las prestaciones incluye no solo aportes y contribuciones, sino también –y en gran medida– impuestos generales pagados por toda la sociedad. Imposible ya sostener un régimen si no es de esta forma.
A las cuestiones demográficas se suma la persistente problemática del mercado laboral. Según datos del Indec, el 42% de los trabajadores es informal. Y entre quienes registran aportes crece la participación de los anotados en el monotributo, un régimen con contribuciones muy débiles en cuanto a su rol en el sostenimiento de los pagos de jubilaciones.
“El problema del sistema previsional, que es inequitativo en términos generales, es que está diseñado para que funcione con un mercado laboral formal”, observa Ignacio Apella, economista Senior para Protección Social y Trabajo del Banco Mundial en la Argentina. Y no solo hay alta informalidad, dice, sino también muchas trayectorias irregulares, con “trabajadores que entran y salen del mercado formal con frecuencia”.
Esto significa que, entre quienes tienen ahora una ocupación registrada, muchos no alcanzarán lo que exige el sistema previsional más abarcador (no el único) del país: acumular al menos 30 años de aportes. Según Apella, el 55% de los aportantes no alcanza ese requisito.
El contexto interpela y explica la necesidad de un debate que podría estructurarse en tres ejes: a quiénes pagar prestaciones, de cuánto deberían y podrían ser esos ingresos, y cómo financiarlos. La cuestión incluye pagos por diferentes contingencias: la vejez o edad avanzada, la invalidez laboral y el fallecimiento de personas consideradas sostén económico de otras. ¿Qué se discute o propone en el primer caso, el de la jubilación después de la edad activa?
A quiénes incluir
El sistema general gestionado por la Anses prevé edades mínimas para jubilarse de 60 años para mujeres y 65 años para varones. Se suma el requisito de 30 años de aportes.
La estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social revela que, a junio de este año, había 6.074.649 jubilados y pensionados cobrando 7.443.959 prestaciones (hay quienes perciben más de una). Seis de cada 10 beneficios fueron otorgados tras la adhesión a una moratoria, por falta o insuficiencia de aportes. Entre las jubilaciones, tuvieron moratoria el 68,6% (3.970.783 sobre 5.786.481) y, entre las pensiones, un tercio (540.560) tuvo esa ayuda.
Así, las moratorias permitieron la incorporación de la mayoría de quienes están en el sistema contributivo, principalmente con ingresos muy bajos: entre quienes cobran el haber mínimo, más de 90% accedió por esa vía. De naturaleza transitoria, las moratorias se aplicaron –con prórrogas y parches mediante– durante nada menos que 20 años, sin que se solucionara el problema de la alta informalidad, y sin que se corrigiera el desacople de la ley de jubilaciones con la realidad laboral.
Según una propuesta elaborada por Rafael Rofman y Manuel Mera, investigador principal y director de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), debería eliminarse el requisito de los 30 años de aportes y hacer valer, con prestaciones de montos proporcionales, cada período contribuido, sin exigir una cantidad de años. La iniciativa prevé un esquema con una prestación básica para todos quienes cumplan la edad de retiro, a la que se sumaría un importe en función de los aportes hechos, en cuyo cálculo intervendría la expectativa de vida.
Con respecto al requisito de edad, se propone la unificación en 65 años, implementada de forma gradual, para varones y mujeres. Además, se promueve la revisión de todos los regímenes de excepción, que disponen en muchos casos edades más tempranas de jubilación –según las tareas realizadas– y que, según evalúan en el Cippec, llevan en muchos casos a que el gasto previsional sea ineficiente y a que haya situaciones de inequidad. Los datos consignados por el centro de estudios indican que alrededor de 44% de las prestaciones corresponden a sistemas al margen del general.
El economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, sostiene que no es necesario eliminar todos esos esquemas, pero “sí garantizar que cualquier desvío respecto a la regla general se financie con mayores aportes”.
