A pesar de que el Municipio aseguró la continuidad de los 350 empleados, la empresa concesionaria actual no desea más extensiones y exige una definición rápida sobre la nueva adjudicación.
El principal temor del gremio -manifestó su vocero, Alejandro Quintero- es que, sin una resolución inmediata del ente regulador, se produzca una interrupción del servicio, dejando a trabajadores y ciudadanos sin transporte durante un periodo indeterminado.
La situación del transporte público en la ciudad atraviesa un momento crítico, llevando a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a declarar un estado de alerta y movilización. La preocupación central radica en la falta de definición sobre la continuidad del servicio tras un extenso historial de extensiones contractuales.
Tras una reunión con la comisión directiva, el gremio expresó su profunda inquietud ante la inminente finalización de la prórroga actual. La situación se agrava por el antecedente de «más de 42 prórrogas en gobiernos anteriores», generando una «incertidumbre política total» sobre quién operará el servicio y si habrá continuidad laboral.
Sobre el mantenimiento de la fuente laboral, indicó a Radiocracia que “el municipio salió a aclararlo donde afirmó que la continuidad de los trabajadores iba a seguir tal como estaba, y estando esta empresa o viniendo otra, de afuera”.
En tanto acerca de la postura empresarial, reseñó que “la empresa actual manifestó que no les interesaba una prórroga más, sino que realmente se defina todo esto”.
El vocero señaló el peligro de quedar en un vacío operativo: “se va a terminar el tiempo, no vamos a saber qué va a pasar, no sabemos si tenemos que ir a las terminales, hay una incertidumbre tremenda de los trabajadores”.
Del impacto económico, afirmó que se cuestiona quién cubrirá los salarios durante posibles caídas del servicio: “quién va a pagar los sueldos o los días de que estemos parados y no le estemos dando el servicio a la gente”, disparó.
El gremio advirtió sobre el posible colapso en la movilidad ciudadana, afectando a quienes necesitan trasladarse a lugares esenciales como hospitales. Existe el temor de un ‘limbo’ donde, si la actual adjudicataria cesa y la nueva no asume inmediatamente, el servicio se interrumpiría, dejando sin transporte a la población y sin trabajo a los 350 trabajadores afectados.
