“Los incrementos anunciados por las empresas de telefonía móvil del país constituyen una avanzada mas sobre los bolsillos de los usuarios de ese servicio que ya dejó de ser una exclusividad de algún sector acomodado para transformarse en una necesidad para millones de argentinos”, señaló Mario Cimadevilla al ser consultado por la prensa parlamentaria por las subas de las tarifas de los celulares.
“Observamos como –agregó el senador nacional- los usuarios están indefensos ante los planteos empresariales, no tienen mecanismos legales que los contengan y patrocinen ante las prestadoras y las periódicas subas de tarifas cuya conformación y estructuras de costos justificatorias solo son conocidas por sus directorios”.
“La telefonía fija –explicó- es un servicio público reconocido como tal y de allí emanan obligaciones de calidad, continuidad y universalidad que deben ser cumplidas acabadamente por las prestadoras”. Además Cimadevilla advirtió “que sin embargo los servicios de telefonía móvil e internet no tienen este rango, son más caros y son los más estimulados por las empresas en detrimento de la telefonía pública y la telefonía fija, mas reguladas y más económicas”.
“El concepto de servicio universal ha sido desarrollado por las instituciones de la comunidad y define el conjunto de exigencias de interés general a las que deberían someterse las actividades, en este caso las telecomunicaciones, siendo sus obligaciones dirigidas a garantizar el acceso de todos en todas partes a determinadas prestaciones esenciales, con calidad y por precios adecuados”, aseguró el legislador radical.
“Ya es imprescindible en nuestro país que la telefonía celular e internet deban ser considerados servicios públicos para todos los argentinos, y en ese sentido trabajaremos para diseñar y aprobar una legislación específica que los garantice, otorgado las licencias en el marco de contratos públicos y mediante los mecanismos con que se conceden las prestaciones de otros servicios, respetando sus particularidades y objetivos, de forma tal que las políticas de telecomunicaciones en todas sus expresiones sean resorte del estado nacional y se inserten adecuadamente en los planes generales de crecimiento y desarrollo que se determinen al efecto”, remarcó el chubutense.
«No es posible que la estrategia de comunicaciones de nuestro país esté elaborada por las empresas prestatarias en base a su necesidad de lucro y no por el Estado nacional en base a las necesidades reales de todos los argentinos”, concluyó Mario Cimadevilla.
