“El dasnevismo ha sido partícipe de multimillonarios negocios inmobiliarios con la tierra pública y es el principal responsable del creciente avance de su extranjerización y cercamiento a los argentinos, con la complicidad de sectores locales”, aseguró ayer el diputado Carlos Lorenzo (UCR), tras conocerse declaraciones de la senadora nacional Graciela Di Perna, acerca de la presentación de un proyecto de ley sobre esa temática.
“Es llamativa esta aparición mediática cuando en realidad el partido de la senadora nacional en Chubut ha trabajado justamente en contra de cualquier defensa de la tierra pública y ha abierto la puerta para un negocio de miles de millones de dólares”, añadió.
“Por eso le recomiendo que interese al Poder Ejecutivo Provincial para que, en principio, deje sin efecto el decreto N° 74/05 que “permitió el otorgamiento de títulos a personas que vendieron sus campos a una intermediación interesada y embaucadora, la cual terminó entregando la tierra a extranjeros en casi su totalidad”, indicó el diputado.
Lorenzo señaló la existencia de “una verdadera red” en la que intervienen tanto el sector público como el privado “con un entramado jurídico que disimula el avance de los extranjeros sobre nuestra principal riqueza”.
Esta conjunción alcanza hasta la Casa del Chubut en París, “cuya principal tarea ha sido hasta ahora intervenir en los “Workshops” y foros de ofertas de Europa donde se ponen a disposición tierras chubutenses, destacando las fantásticas facilidades legales que se dan a los inversores”, reveló Lorenzo.
Descripción
La problemática de la extranjerización de las tierras se observa en las tres principales zonas del Chubut (cordillerana, meseta y costa) “aunque con las variantes lógicas de sus realidades geográficas”.
“En la primera son innumerables las operaciones inmobiliarias amparadas desde el oficialismo y se caracterizan por la existencia de la problemática conjunta del bosque nativo, un bien que pertenece a todos los chubutenses y que es desconocido”, dijo Lorenzo.
“En la meseta, poblada por pequeños productores descendientes de pueblos originarios aparece vinculado con la actividades de las grandes empresas mineras y la cuestión de las servidumbres que corresponden a los superficiarios, en tanto que la costa, zona fronteriza también, se asocia a iniciativas medioambientales”, reseñó el diputado radical.
Lorenzo recordó la identificación de las franjas fronterizas como zonas de seguridad y la particular presencia de la Península Valdés, patrimonio de la humanidad por decisión de la UNESCO, y del parque nacional marino entre Camarones y Comodoro Rivadavia, como ingredientes que favorecen, detrás de legítimos intereses de preservación, a la venta de las tierras y a su transferencia a los inversores extranjeros como ámbitos para su uso privilegiado.
