La empresa, que es la mayor proveedora de equipos torre de la Argentina, responsabilizó a YPF de manera directa por la brusca caída de la inversión en la cuenca del Golfo San Jorge, que desembocó en la suspensión –frenada por el Ministerio de Trabajo que dirige Jorge Triaca- de más de 300 trabajadores petroleros en Chubut y Santa Cruz.
San Antonio envío esta semana telegramas a 202 operarios para notificarles la suspensión de tareas sin goce de sueldos a partir del 1° de agosto. Sin embargo, la cartera que dirige Jorge Triaca impidió la efectivización de la medida. La compañía acató la decisión del Gobierno, pero en una carta enviada hoy a YPF, la mayor petrolera del mercado local, cuestionó en duros términos la decisión de la empresa reestatizada de bajar, con escaso nivel de contemplación social, 15 equipos torre (8 de perforación y 7 de workover).
En una nota enviada el 1° de julio, YPF le comunicó a San Antonio la decisión de bajar cinco equipos de drilling y tres de workover. Las restantes unidades que bajó la petrolera pertenecen a la empresa SP, que enfrenta una delicadísima situación económica (está al borde de la quiebra).
La misiva a la que accedió El Inversor Online tiene fecha de hoy 29 de julio y está a dirigida a Jesús Grande, Juan Garoby y Carlos Alborch, máximos ejecutivos del área de Upstream (exploración y producción) de YPF.
“San Antonio ha manifestado al Ministerio de Trabajo que la decisión comunicado por YPF el día 1 de julio de 2016 en pleno vigencia del Plan de Restructuración Productiva abierto por el Sr. Ministro (Triaca) cinco días antes, resulta ser la verdadera medida que afecta al empleo y es precisamente aquella la que debe ser dejada sin efecto o retrotraída”, cuestiona la nota firmada por Ricardo Saúl, gerente comercial de San Antonio.
El tono del párrafo siguiente es más artero. “Asimismo, SAI entiende que la masiva baja de equipos comunicada formalmente por YPF contradice flagrantemente el compromiso público asumido por YPF ante altos funcionarios de la Nación, respecto al mantenimiento de la actividad como contrapartida por los subsidios que recibe de la Nación con ese propósito”, critica.
En la Argentina se pagan en surtidores precios de los combustibles que se ubican muy por encima de la medida regional precisamente para mantener un valor diferencial del crudo en el mercado interno -67,50 dólares para el de Neuquén y 54,90 para el de Chubut y Santa Cruz-, a fin de incentivar la inversión de los productores y mantener los niveles de actividad.
En ese sentido, los números no juegan a favor de YPF. En rigor, a nivel nacional la petrolera controlada por el Estado bajó 22 equipos de perforación en los últimos 12 meses. En junio de 2015 contaba con 76 unidades de drilling contra las 54 de la actualidad. La caída es el reflejo de la retracción del Capex de la compañía que este año descenderá de 6000 a 4500 millones de dólares.
Allegados a la empresa de servicios explicaron que si YPF no revierte su decisión están en riesgo cerca de 800 puestos de trabajo en el área de servicios de perforación. Y cuestionan la decisión del Ministerio de Trabajo de frenar la suspensión de los 202 operarios afectados. “En los próximos días presentaremos un descargo (ante la cartera). No podemos pagar los sueldos si no hay inversión por cuenta de las petroleras. No tenemos espalda para resistir más que hasta fin de año”, advirtieron.
El segmento de servicios petroleros ligados a la perforación de pozos atraviesa un escenario muy complejo. Por la caída de la inversión en los yacimientos, hoy la mayoría de las compañías tienen plantillas sobredimensionadas. Tanto que, según cálculos de las empresas, hay 8300 puestos de trabajo que están en riesgo.
