Por ser uno de los principales ingresos coparticipables, serían impactados si se ajustan las escalas.
Con las cuentas en rojo y la disputa por la distribución de recursos sin cerrar, los gobernadores miran en alerta el debate que se abre paso en el Congreso: la modificación de las escalas de Ganancias, hecho que impacta directo en las arcas provinciales al ser uno de los principales tributos coparticipables.
La intención de reformular el gravamen es impulsada desde la oposición, especialmente por Sergio Massa, y los gremios, justo cuando arranca la temporada fuerte de las paritarias. Después de subir por decreto el piso del mínimo no imponible a 30.000 pesos de salario bruto, el presidente Mauricio Macri habilitó la corrección de las escalas, aunque no enviará un proyecto de ley, lo que a piori refleja que no está involucrado plenamente en la cruzada por la aprobación.
«Esto nos preocupa porque pega de lleno en la coparticipación», dijo a LA NACION el gobernador de Chaco, Domingo Peppo, en referencia a posibles retoques. «No es que nos oponemos, pero si se avanza, habría que encontrar una salida, alguna compensación por la pérdida de recursos», completó, en sintonía con la postura de la mayoría de los mandatarios. De hecho, el costo fiscal de la medida tomada hace un mes por el Gobierno es de $ 49.000 millones para este año, de los cuales $ 25.700 millones corresponden a la Nación y $ 23.300 a las provincias, según datos oficiales. Así, la resistencia a una mejora en Ganancias para evitar otra merma en la recaudación deja en una posición incómoda a las administraciones y coloca, otra vez, a la Casa Rosada y a los caciques del PJ en la misma vereda.
Los sindicatos consideran que la decisión oficial es insuficiente y reclaman una mayor recuperación del poder adquisitivo, al ritmo de la inflación. Un sector apura el tratamiento legislativo con la meta de instalar el tema ahora que está por terminar el capítulo de los holdouts. La campana de largada se da en la Cámara de Diputados, donde tiene mejores chances de tomar vuelo. Sólo en marzo se presentaron trece proyectos vinculados al rediseño del gravamen, que se acumulan a otro centenar preexistente, elaborados por distintos partidos.
El asunto adquiere voltaje porque efectúa un corte transversal de las fuerzas políticas. Por caso, Elisa Carrió, actor clave de Cambiemos, elaboró su propia propuesta. Lo mismo hicieron diputados de extracción gremial que tributan en diversos bloques, con Facundo Moyano a la cabeza. Y peronistas que rompieron con el kirchnerismo, como Diego Bossio, y que se quedaron, como José Luis Gioja. Para más complejidad, también el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, está en las conversaciones que promueve el sindicalista Alberto Roberti, pronto a asumir al frente de la comisión de Legislación del Trabajo.
Aunque las iniciativas son distintas, hay puntos de coincidencia que comienzan a tejerse con las centrales obreras: elevar el mínimo que definió Macri, corregir las alícuotas que no se tocan desde hace quince años, y aplicar una actualización automática a los montos. ¿Qué hará el Gobierno? Dejará que se desenvuelva el debate sin bloquearlo y, si prospera, pedirá que las modificaciones cuenten a partir de 2017.
La contracara del beneficio para los más de un millón de trabajadores alcanzados por el tributo es el efecto en los ingresos del Estado. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) hace una radiografía de tres proyectos en danza, con su respectivo costo fiscal: $ 61.700 (del FPV), $ 84.010 (de Carrió) y $ 119.005 (del Frente Renovador). De ese total, al ser un impuesto coparticipable, el 48% impacta directo en provincias y municipios. No por nada los gobernadores peronistas mascullan bronca contra Massa: postula la iniciativa más agresiva para sus cajas.
Dentro de la «liga» del PJ, el primero en advertir sobre el correlato de Ganancias en público fue el salteño Juan Manuel Urtubey. «Los gobernadores nos vamos a hacer escuchar a la hora de la discusión del sistema impositivo», anticipó.
Más callados están los mandatarios que integran la alianza gobernante, aunque por lo bajo aplauden cada vez que los peronistas rompen lanzas. «Son nuestros mejores escuderos», planteó uno de ellos. Todos, de cualquier tribu partidaria, miran de reojo el debate, aunque acuciados por problemas que tienen encima ya: juntar fondos para pagar sueldos y enfrentar la parálisis de obras públicas, pese al compromiso del Gobierno de regularizar los pagos adeudados desde los últimos meses del kirchnerismo.
«Liquidamos sueldos y no hay margen para nada más. Tenemos garantizados salarios hasta julio, después se complica», dicen desde una de las gobernaciones más prolijas. También en La Pampa, donde no había desarreglos financieros, Carlos Verna amagó la semana pasada con abonar sueldos en dos partes. La espuma bajó cuando consiguió $ 400 millones de Anses para la caja jubilatoria. En el tira y afloja, en el Gobierno se muestran duros para largar partidas y exigen austeridad en el manejo del gasto. La novela seguirá hasta que el sueño de las inversiones y el acceso al crédito se haga realidad.
