Lo admitió la fiscal a cargo de la causa que se investiga por presuntas irregularidades en la entrega de viviendas en barrio Ciudadela. Hubo varios allanamientos y los testigos (empleados del IPV) aseguraron que se salteaban varios pasos, en los requisitos para la entrega de viviendas.
Tras los allanamientos por las irregularidades en la entrega de viviendas del IPV, en diálogo con El Comodorense Radio, la fiscal general Camila Bonfi señaló que “la investigación se llevó adelante por la denuncia que hizo el propio presidente del IPV y en estos dos meses se entrevistó a gran parte del personal y se comprobaron irregularidades”.
En este sentido dijo que “la fiscalía luego inició una serie de entrevistas con algunas personas que podrían haber sido adjudicatarias de esta forma irregular, con esta información aparecieron legajos con irregularidades”.
La fiscal dejó en claro que “estamos obligados a investigar a todo el circuito que trabaja en el IPV, tenemos material con el cual se puede establecer que se incumplía con los deberes de funcionarios públicos, porque en la entrega del viviendas se salteaban algunos pasos que son requisitos, además de la posibilidad de coimas”.
Cabe destacar que la justicia secuestró seis legajos, en los cuales los testigos sostienen que hay irregularidades. Consultadas las empleadas que trabajan en el IPV indicaron que “mucha gente ingresaba por otro puerta, se salteaban los turnos, habían tratos diferenciados, un circuito distinto y denuncias muy graves”.
