Mientras no cesa la polémica dentro de la Administración Macri acerca de la inflación, lo concreto es que sigue siendo lo suficientemente elevada como para atizar el conflicto social. Esto es lo que se verifica con el reclamo sindical que amenaza con crecer: El 23/09 se reunirá el comité central confederal de la CGT, donde se decidiría un posible plan de lucha.
El jefe del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, desafió al Gobierno Nacional al subrayar que las paritarias “están abiertas siempre” y que en el macrismo “no tienen por qué meterse” si el trabajador necesita recuperar el “poder adquisitivo del salario”, en tanto indicó que la CGT está discutiendo “profundamente” las “medidas que habrán de tomar”. En esa misma línea, el jefe del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, consideró también un “horror” de parte de funcionarios “hablar de no abrir paritarias”, y advirtió además que “no es bueno” que el Gobierno no cumpla con el “compromiso” que adquirió ante la ciudadanía de modificar drásticamente las escalas del Impuesto a las Ganancias a partir de enero de 2017.
El secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, confirmó que la organización sindical paralizará las tareas en todo el país el martes 27/09 por varios reclamos.
El dirigente gremial explicó que la fecha fue decidida para ese día por la conducción nacional ante “la necesidad de coordinar las acciones junto a otras organizaciones sindicales que se sumarán a la protesta”, como la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) y la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica).
En tanto, Eugenio Paillet en el diario La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, afirmó: «(…) En medio de aquel entusiasmo por la presencia de casi dos mil empresarios hicieron demasiado ruido los sablazos que se cruzaron Prat Gay, Federico Sturzenegger y Francisco Cabrera sobre los resultados finales del tan promocionado blanqueo.
Los dos ministros y el presidente del Central buen favor le hubiesen hecho a Macri, si hubieran dirimido sus internas antes de subirse al escenario y no delante de semejante audiencia que lo que promete es inversión, pero que dejó claro que primero quiere ver y palpar que las reglas de juego claras antes de decidirse a soltar sus dólares para nuevos proyectos de inversión.
Igual el Gobierno rebosaba optimismo, en algún caso sin ahorrar cierta desmesura, como el propio Marcos Peña o los responsables de la comunicación oficial. Se destacaba que fue un gesto esperado por todos la decisión de Juan José Aranguren de desprenderse de las acciones de la empresa en la que fue CEO hasta antes de subirse al ministerio de Energía. O la buena onda con la que la oposición parlamentaria recibió el primer proyecto de Presupuesto de la era macrista y sus promisorias cifras para 2017. Todo muy bien abrochado pero, vale insistir, habrá que ver si esos datos se conjugan con la realidad cuando haya que ponerlos en marcha.
No pareciera, por ejemplo, que vaya a ocurrir con el tema salarial, que no genera ningún motivo para descorchar en la dirigencia sindical, que está cada vez más en pie de guerra. Igual ponderaban que un escéptico habitual sobre el programa económico como Roberto Lavagna, reconociera que el año que viene «será mejor» y que considera «sustentables» los términos del crecimiento proyectado por Prat Gay. No es poco, aunque el economista del Frente Renovador dejó más dudas que certezas al analizar todo el paquete, en especial por el lado del gasto público en un año electoral. O de las proyecciones de la inflación. «Hoy es del 43 % anual. no me hablen del 0,2 %», chicaneó. (…)».
Alcadio Oña en el diario Clarín, explicó el debate en el Congreso acerca de Ganancias aplicado a salarios, y en la calle por el 17% de ajuste salarial para 2017 a los empleados públicos: «(…) Sergio Massa ya anticipó que propondrá eximir de Ganancias al medio aguinaldo y gravar las rentas financieras.
Falta saber si insistirá con la idea de levantar 600% las escalas, o sea, limitar su alcance a sólo el 3% de los trabajadores. Parece mucho, y demasiado evidente que se trata de una movida política.
Probablemente, si no casi seguro o en buena medida acordado, la mayoría de los gobernadores estará al lado de Cambiemos en el debate sobre Ganancias. Incluidos unos cuantos del palo peronista: vuelve a mandar la plata y algunos vericuetos de la sociedad con el Gobierno.
Estará por verse cómo juega una cuenta del Presupuesto nacional que corre por separado. Es el aumento del 17% previsto en la partida salarial de los empleados públicos, imaginado también como objetivo para todas las paritarias.
Existen provincias, como la de Buenos Aires, que ya piensan incluir el 17% dentro de sus presupuestos. Habrá otras, si tal cual suele ocurrir replica las pautas del programa nacional; entre ellas, inflación, crecimiento económico y precio del dólar.
Ni es necesario decirlo: no habrá gremio dispuesto a acomodar sus reclamos al 17%, empezando por los maestros y los estatales. Es que aun cuando este año concluya con índices mensuales del 1,5% y el próximo la inflación coincida con la meta oficial, cuanto menos quedará pendiente la pérdida salarial acumulada durante 2016.
Dos datos vienen a cuento. Para la Nación, esa partida apenas supera el 10% del Presupuesto y en gran parte de las provincias ronda el 50% y en varias supera el 50%. Eso explica la debilidad de algunos gobernadores, su dependencia de recursos que pueda acercarles el Gobierno central y que las inversiones sean una variable de ajuste siempre a mano.
El telón de fondo es la muy desigual relación entre Nación y provincias gestada en años del kirchnrismo: otra muestra del federalismo estilo K.
Alguna vez habrá una reforma tributaria, si Prat-Gay va adelante con una iniciativa ya votada por el Congreso. No vendría mal que sirviese para equilibrar las cargas.
Entretanto, hay lo que hay. Según el Iaraf, un instituto dedicado a analizar las cuentas publicas, un asalariado formal debe trabajar de 173 a 211 días para cumplir con las obligaciones impositivas nacionales, provinciales, y municipales. ¿A cambio de qué? Se sabe: a cambio existen Estados que ofrecen servicios de una calidad que comprobamos todos los días.»
Laura Serra en el diario La Nación profundizó sobre el vínculo entre la Administración Macri y los gobernadores: «Frente a un año electoral clave, en 2017 el gobierno de Mauricio Macri abrirá el grifo y volcará más recursos a las provincias y municipios. En materia de coparticipación federal, recibirán unos 731.000 millones de pesos anuales, un 25% más que este año, proporción superior a la inflación anual prevista, del 17%.
Así lo anticipa en el proyecto de ley de presupuesto que presentó esta semana al Congreso, donde detalla que, además, las provincias y municipios embolsarán por fuera de la coparticipación unos 31.000 millones de pesos extras (un 17,5% de suba) para atender gastos corrientes, obras y proyectos de inversión. Esos números serán la carta que utilizará el Gobierno en su negociación con los mandatarios provinciales para resolver sin conflictos y con sus respaldos dos temas que le preocupan: el aumento de tarifas y la modificación del impuesto a las ganancias.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2017 -que comenzará a discutirse pasado mañana en la Cámara de Diputados-, el Gobierno prevé reducir en un 20% los subsidios al sector energético el año próximo (unos $ 44 mil millones). Esto presagia un fuerte aumento en las tarifas de gas y de electricidad, para lo cual la Casa Rosada pretende el acompañamiento de los gobernadores.
También buscará su apoyo en la discusión por el impuesto a las Ganancias: el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, admitió que el año próximo la suba del mínimo no imponible y el retoque en las escalas serán «graduales». Contrario a lo que prometió Macri en la campaña electoral, el alivio para los contribuyentes será menor al esperado, lo que anticipa una fuerte fricción con los sindicatos. Sin ir más lejos, el 23 del actual se reunirá el comité central confederal de la CGT, donde se decidiría un posible plan de lucha. (…)».
