Los empleados cobrarán tres cuotas de $ 2200 entre enero y marzo, y un bono de $ 3000, lo que supone 30% de alza; en dos meses volverán a negociar.
La Asociación Bancaria acordó ayer un pago a cuenta de 9600 pesos para el primer trimestre del año y postergó así su paritaria hasta marzo próximo.
El monto, que representa un aumento de alrededor del 30 por ciento, se compone de tres pagos remunerativos de 2200 por cobrar con los sueldos de enero, febrero y marzo, y una compensación extraordinaria de $ 3000, también remunerativa, a pagar por única vez en febrero.
El acuerdo terminó de sellarse ayer entre el gremio que lidera Sergio Palazzo y las cámaras del sector, ABA, Adeba, ABE y Abapra.
La Bancaria se sumó así a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que esta semana consiguió un pago de $ 5000 para los choferes de corta, media y larga distancia, también a cuenta de la paritaria y a pagar en tres cuotas entre enero y marzo.
En el caso de UTA, las sumas son no remunerativas, lo que implica que no se incorporan a la porción del salario sobre la que se calculan las cargas sociales.
Tanto los bancarios como la UTA tienen su paritaria vencida desde el 31 de diciembre del año pasado. El haber conseguido sumas puente les permite postergar el inicio formal de la paritaria, es decir, ganar tiempo para definir el porcentaje de aumento que llevarán a la mesa de negociación para discutir el aumento para todo 2015.
Tanto Palazzo como Roberto Fernández, el jefe de la UTA, hacen equilibrio entre la CGT opositora de Hugo Moyano y la cercanía con la Casa Rosada. El bancario iba a sumarse al paro que el camionero había convocado para diciembre último y luego levantó cuando Cristina Kirchner anunció que no se descontaría Ganancias al medio aguinaldo. Fernández sostiene un vínculo fuerte con el Gobierno por el peso de los subsidios en el transporte de pasajeros.
Los anticipos previos a la paritaria, compensaciones o pagos puente son herramientas a las que desde hace varios años recurren los gremios para cubrirse de la inflación y ganar tiempo en busca de horizontes de previsibilidad respecto de la actividad económica y, en particular, de la evolución de los precios.
Tanto es así que hasta la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato que lidera el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, acordó un plus para compensar el alza de precios de los últimos meses. En su caso, fue un pago de 2000 en dos cuotas. La paritaria de la UOM vence en marzo.
«Todo indica que la inflación tendría que tender a bajar, porque se espera menos actividad y porque no va a haber una devaluación como la del año pasado, o por lo menos eso dice [el ministro de Economía, Axel] Kicillof. Pero hay que ver cómo se van dando las cosas. Calcular un porcentaje ahora es un salto al vacío», reflexionó ante LA NACION el secretario general de un gremio grande que debe encarar su paritaria en la primera mitad del año.
Aunque el panorama no incluye cimbronazos como la brusca devaluación de enero del año pasado, en el mapa de los gremios siguen la inflación y la falta de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que el Gobierno modificó por última vez en 2013.
En el caso de los bancarios, la incidencia de Ganancias es muy alta. Paga el impuesto casi el 90% de los 103.000 afiliados. El salario básico del sector es de 20.000 pesos. Hoy paga Ganancias todo aquel trabajador que, en agosto de 2013, ganaba por encima de $ 15.000.
Hasta ahora, sólo se cerraron de manera anual dos acuerdos paritarios: el del Sindicato de los Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (38% en dos cuotas) y el de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (30% en tres pagos). El resto de los tratos, como el de AB, UTA y UOM, fue parcial.
Está pendiente la negociación de los docentes, en el nivel nacional y en las provincias. El foco está puesto en Buenos Aires, donde el año pasado el inicio de clases se retrasó tras 17 días de paro por la falta de acuerdo entre el gobierno de Daniel Scioli y los sindicatos docentes.
Este año también se suman al «clima paritario» al proceso electoral y, en los últimos días, hasta la muerte del fiscal Alberto Nisman. En los gremios admiten que el enorme impacto político del caso obliga a moverse con cautela y medir con cuidado los próximos pasos, principalmente cualquier acción que suponga volver a poner en agenda los reclamos al Gobierno.
