El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo que el operativo es parte de una «persecución política» de los jueces contra el Ejecutivo. Dijo que la actividad del hotel de la presidente Cristina Kirchner es «clara y transparente».
El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, consideró que la decisión de la Justicia de allanar la empresa hotelera de Cristina Kirchner por supuestas irregularidades forma parte de un «golpismo activo del Poder Judicial» contra el Gobierno y se quejó de una «clara persecución y un hostigamiento» a funcionarios.
De esta manera, el funcionario calificó como «una clara persecución» la intervención ordenada por el juez federal Claudio Bonadio a la firma Hotesur, de la que la Presidente es accionista. «Este es un ataque despiadado del Poder Judicial, por denuncias falsas sin ningún tipo de entidad», enfatizó.
En su tradicional conferencia de prensa matutina, Capitanich leyó un comunicado de la IGJ. Allí se hizo hincapié en que en la Argentina hay «inscriptas 319.626 mil sociedades comerciales, entre ellas 150.855 mil activas».
En este sentido, comentó que el resto están inactivas por lo que se inició un proceso de reempadronamiento y depuración y al 31 de octubre se registraban 83.319 sociedades comerciales que presentaron sus declaraciones juradas.
El funcionario agregó que «Hotesur se encuentra entre las sociedades activa que han presentaron la declaración jurada y cuya documentación aún se encuentra en etapa de análisis junto con otras 47.377 sociedades comerciales».
Así, Capitanich cuestionó el allanamiento que se ordenó a las oficinas de la empresa que administra el hotel Alto Calafate, propiedad de la mandataria. «La firma presentó la documentación solicitada. No se necesita ningún allanamiento judicial. La operatoria de la empresa es clara y transparente», concluyó.
La sociedad Hotesur es propietaria del hotel Alto Calafate, entre otros, en la provincia de Santa Cruz, y la líder del GEN, Margarita Stolbizer, considera que hay sospechas de que podría ser un alojamiento «fantasma» usado por el matrimonio presidencial para hacer negocios con el empresario Lázaro Báez.
Ayer, luego del requerimiento de instrucción del fiscal Carlos Stornelli, el juez Bonadio ordenó el allanamiento, en el marco de una denuncia impulsada por la diputada nacional. El magistrado investiga si la firma no presentaba balances y funcionaba de modo ilegal.
