La diputada Argentina ‘Ica’ Martínez indicó que tiene la obligación como diputada de cumplir la Constitución y que nada puede generar en base a lo que no esté contemplado dentro de la misma, en relación a la iniciativa popular vinculada a la minería que se tratará el martes 25 en la capital provincial, que algunos bloques expresaron que podrían apoyarla. Aclaró que desde el FpV jamás votarán nada que sea anticonstitucional.
“Por suerte vamos a poder debatirlo. A lo mejor nos faltaron algunas reuniones con los distintos actores pero se ha tratado de escuchar a todos. Es verdad que desde la cámara minera protestó porque hubieran querido tener más contacto, lo vi en un debate. Nosotros nos abocamos particularmente esta diputada, en pedir asesoramiento a constituyentes, prestigiosos abogados de la provincia por la constitucionalidad de esa Ley, que para mí no es constitucional”, argumentó.
Martínez sostuvo que “confío en la gente experimentada que ha sido autora y participó activamente en la reforma de la Constitución del ’94 que me han escrito, me han firmado en el análisis de la Ley y que me dicen en todo su articulado, es inconstitucional, amen obviamente que soy consciente que la propia Constitución me puede castigar o quienes se sientan perjudicados porque yo vote una Ley anticonstitucional en forma directa, porque esto es una iniciativa popular y la responsable de poder hacer una Ley en forma correcta y encuadrada dentro de la Constitución provincial, hace que todas las sanciones vengan directamente a mí, la legisladora o legislador que habilitó esa posibilidad, más allá de la judicialización que puedan realizar también quienes se sientan afectados por la misma”.
En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, la titular del bloque del FpV en la Legislatura de Rawson indicó que los aspectos que marcan que la iniciativa popular es inconstitucional, es “la prohibición de todo”, e hizo un paréntesis para explicarle a aquellos que sostienen que -entonces-, la 5.001 también sería inconstitucional: “en primer lugar, es ambiental. Segundo, tenía un plazo de prohibición, 120 días y decía que el Ejecutivo tenía que hacer la zonificación. Entonces la responsabilidad del legislador tenía plazos, era ambiental, y la responsabilidad del no cumplimiento ya pasó a otro poder, y ahí es donde se pierde el tema de decir que la 5.001 es anticonstitucional. Quería aclarar eso porque cada vez que se dice lo de la iniciativa popular, plantean lo de la 5.001, pero está muy claro que son dos leyes diferentes.
La iniciativa popular pide la prohibición lisa y llana. No dice qué, hasta cuándo ni cómo. Martínez indicó en tal sentido que “no se puede perder de vista que hay un código minero que a nivel nacional tiene rango constitucional, y a eso nos atenemos. Entonces tenemos que respetarlo. Hay muchas otras cosas que están por encima de una legislación provincial por más que le pongamos nosotros la mejor de las ondas de poder llevar adelante la iniciativa”.
Martínez aclaró que esa posición es personal, por todo lo que vino estudiando en cuanto al tema, las averiguaciones realizadas y todos los asesoramientos adquiridos tanto legal como constituyente.
Respecto a la posición de los otros bloques, dijo que “es responsabilidad de cada uno. Yo me aboqué y me hice responsable de todo este tema. El cuestionamiento en la forma y en el fondo. Según dicen, y está establecido, si una Ley supera a esa, la vigente es la última. La reglamentación y el muestreo en realidad, fácilmente es comprobable que de las 13 mil firmas no tiene, por ejemplo, el comprobante de haber votado en la provincia en 2011”.
