El cierre de las jornadas, que se desarrollan desde el martes, estará a cargo del Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren. La cuestión de la renta minera, puesta en agenda por el gobernador Das Neves, forma parte de las conversaciones.
En el día de hoy está previsto el cierre de las jornadas de debate sobre el Acuerdo Federal Minero, luego de tres días donde representantes de las 23 provincias debatieron sobre el Nuevo Acuerdo Federal impulsado para el sector, con charlas coordinadas por el Consejo Federal de la actividad.
El cierre estará a cargo del Ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, y se celebrará en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada. Dicho espacio fue el ámbito en el que desde el martes se viene celebrando una comisión conjunta entre las autoridades del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y los diputados integrantes de la Comisión de Minería de la Nación. Allí se discutieron las políticas de estado del sector y se elaboraron las propuestas para adecuar el Acuerdo Federal Minero al nuevo escenario, al tiempo que se escucharon las inquietudes de la Cámara baja sobre la actividad.
Todas las provincias estuvieron representadas y cada una expuso la actualidad del sector en su distrito. Durante el debate, diputados y autoridades mineras expresaron las preocupaciones y realidades de cada provincia y coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para lograr consensos para que la actividad se desarrolle plenamente. Si bien no trascendió el contenido preciso de las conversaciones, las mismas se orientarían en el sentido de revisar la renta minera, cuestión que fuera puesta en agenda por el gobernador Mario Das Neves.
Respecto al Nuevo Acuerdo Federal Minero, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, expresó que se busca avanzar «sin perder de vista nunca que la única manera de lograr esto es con diálogo federal y consenso».
Uno de los objetivos de la actividad ha sido que los parlamentarios sepan cuáles son los lineamientos de la política nacional en minería para dar conocimiento al momento de promulgar leyes que puedan presentar alguna incompatibilidad con las políticas de Estado que está impulsando la Nación.
