El Delegado local del Instituto Provincial de la Vivienda, Guillermo Almirón, explicó hoy por la mañana el detalle de lo acontecido, negando que los procedimientos hayan alcanzado las oficinas administrativas de dicha dependencia del Estado.
“En su momento, el presidente (Ricardo Trovant) hizo una presentación espontánea de algunas personas con testimonios coincidentes respecto al tema de tráfico de influencias para la adquisición de una vivienda. Fue una presentación en la Justicia, un pedido de investigación, para que dirima si esto puede ser así o no”, adelantó.
Almirón aclaró que “no hay trámites de administración internos de algún tipo de actuación sobre algún empleado porque era en esos términos la información. Evidentemente la Fiscalía avanzó con el pedido y el juez Rago en el día de ayer pidió el allanamiento de tres domicilios en el marco de la investigación que no sabemos las circunstancias, por qué en el transcurso entre la presentación y esto no ha habido un pedido de información, por lo menos de la desviación”.
En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, señaló que “evidentemente ha habido alguna investigación que debe haber ameritado algún tipo de allanamiento para ver si se conseguía información, pero lo desconocemos. A este Instituto, no han venido, los allanamientos fueron a casas de empleados del IPV”, dejó en claro.
Y sobre la situación judicial imperante, destacó que de igual manera los empleados trabajan normalmente: “no hay sumarios administrativos sustanciados porque no surgía desde lo administrativo sino que surgió por datos externos al IPV, por lo cual en principio no hubo información suficiente como para iniciar un sumario administrativo, pero sí al tener el dato de informaciones concurrentes, -gente que denunció verbalmente-, lo que se hizo a través de la presidencia del Instituto, es hacer una presentación para que eso se investigue”, cerró.
