Así quedó determinado en la audiencia de habeas corpus correctivo de internos de la misma en la mañana del viernes, la que se llevó a cabo en sede de los tribunales penales ordinarios.
La audiencia de habeas corpus correctivo se dio en virtud de diversos reclamos de internos de la Alcaldía local. Al concluir el acto se resolvió convocar a una nueva audiencia para los próximos 10 días cuando los funcionarios representantes del Ejecutivo provincial deberán presentar un plan integral, con plazos para la concreción de lo establecido en anteriores resoluciones judiciales.
Presidió el acto Daniela Arcuri, jueza de ejecución penal; por el Ministerio Público Fiscal se hicieron presentes Héctor Iturrioz, fiscal y Camila Sánchez Almirón, funcionaria de fiscalía; la defensa fue representada por Viviana Barillari, María de los Ángeles Garro, defensoras públicas y Fernanda Collazo, trabajadora social de la defensa. También se encontraban presentes Víctor Bezunartea, subsecretario de Justicia y Prevención del delito; Ivalú Francia directora general de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social; el Jefe dela Unidad Regional Fernando Terraza y el responsable de la Alcaldía local, Víctor Urrutia.
En un primer momento la jueza de ejecución realizó un resumen a los funcionarios del Ejecutivo acerca de las distintas audiencias que fueron celebradas anteriormente para tratar el habeas corpus presentado por internos. A ello la juez declaró parcialmente admisible el mismo referido a requisas vejatorias a las visitas, manipulación indebida de comida, utilización de espejo escopométrico e inadecuada clasificación de internos.
Luego se produjo una huelga de hambre por la reducción del horario de visita conyugal y prohibición de ingreso de diversos elementos. Luego se realizó una visita presencial ala Alcaldía por parte de autoridades judiciales, donde se escuchó a los internos de los distintos pabellones.
Proponiéndose la integración de una mesa de trabajo entre las partes involucradas donde se discutirá la propuesta de traslado de internos hacia otra dependencia policial, instruir a personal policial sobre protocolos de requisa y trabajar mecanismos de prevención de abusos funcionales y violencia institucional. Asimismo mayor cantidad de personal para la dependencia. Respeto al ingreso de videojuegos no tenía sustento el reclamo.
Por su parte el subsecretario de Justicia de la provincia dijo que se está trabajando para resolver la situación edilicia de los lugares de detención, como también un esfuerzo presupuestario importante para implementar un servicio penitenciario provincial. Asimismo se comprometió a avanzar con las obras del cerco perimetral y arreglar los baños, como también a la capacitación a internos y la posible contratación de un médico.
Iturrioz solicitó que la arquitecta concurra a la mesa de trabajo y que el problema sanitario es grave en Comodoro, por ende el mantenimiento de los baños es prioritario, consideró el fiscal. Finalmente solicitó a la jueza que se dé fecha cierta a los compromisos asumidos, y en caso contrario se libre mandamiento de ejecución al Ejecutivo provincial.
La defensa por su parte adujo que de la observación de los planos de la ampliación dela Alcaidía no se observan espacios de recreación ni sala de visitas ni de trabajo. Solicitaron que la refacción del patio sea a corto plazo y la contratación de un médico. También se opusieron al traslado de internos a otra dependencia para realizar los arreglos y que a partir de las audiencias se han visto cambios favorables en la Alcaidía.
En su resolución la jueza estimó que no están dadas las condiciones para el traslado de internos a otra dependencia ya que no se garantizarían sus derechos a estudiar y recibir visitas íntimas. Estableciendo el plazo de diez días en el cual los representantes del Ejecutivo provincial deberán presentar un plan integral con plazos.
